Más parlamentarismo, más consenso.

-var-www-web.popularlibros.com-public_html-imagenes_grandes-9788434-978843440524Si habéis mirado recientemente los informativos de televisión o habéis leído periódicos, seréis conocedores de dos informaciones: el PP quiere presentar una reforma de la ley electoral para dar una ‘prima al vencedor’ en las elecciones locales y, para las elecciones autonómicas del 27-S Artur Mas y Oriol Junqueras formarán parte de una candidatura unitaria en la que el cabeza de lista es el exeurodiputado ecosocialista Raül Romeva. Estos dos hechos han generado una serie de opiniones al respecto, ya sea de periodistas, tertulianos u otros políticos, que me han obligado a tener que hacer una explicación y defensa del sistema parlamentario de carácter consensual.

¿Qué es una democracia parlamentaria consensual?

Una democracia parlamentaria es aquella en la que los ciudadanos eligen el parlamento –en elecciones legislativas- y los diputados democráticamente electos eligen quién debe encabezar el gobierno formado por un Primer Ministro. El caso más ejemplar es Reino Unido, pero también lo es España, pese a que aquí le llamemos Presidente del Gobierno. Lo opuesto, hablando de democracias, serían los sistemas presidencialistas, donde los ciudadanos votan la composición del parlamento por un lado, y por otro la presidencia del país, como en Estados Unidos. Como consecuencia, en los sistemas parlamentarios no existe una clara separación entre los poderes legislativo y ejecutivo.

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Extraído de ‘Modelos de democracia’ de Arend Lijphart, Ariel, Barcelona 2012. En el eje vertical, cuanto más arriba, más unitario es el Estado, cuanto más abajo, más descentralizado. En el eje horizontal, cuanto más a la izquierda, más consensual es la democracia, cuanto más a la derecha, más mayoritaria.

Pero democracias parlamentarias hay de dos tipos: consensuales y mayoritarias. En función de varios factores (en Modelos de democracia Lijphart toma en consideración diez variables: número efectivo de partidos parlamentarios, gabinetes ganadores mínimos de un solo partido, dominio del ejecutivo, desproporcionalidad electoral, pluralismo de los grupos de interés, federalismo-descentralización, bicameralismo, rigidez constitucional, revisión judicial e independencia del banco central) las democracias pueden definirse o bien como democracia consensual o mayoritaria. Países como Reino Unido, Estados Unidos o Francia son mayoritarios, mientras que países como los Escandinavos, Israel o Suiza son consensuales.

España es una democracia parlamentaria mayoritaria. Esto es debido a que el sistema electoral, pese a ser proporcional (los escaños que salen de cada circunscripción se reparten de forma proporcional en función del número de votos que saque cada partido) tiene una corrección mayoritaria, lo cual ha favorecido –de hecho ya se pensó así en su momento- gobiernos monocolor y mayorías absolutas, lo cual favorece la aprobación de leyes por parte de pocos partidos (bien es verdad que, al disponer mayoría de escaños –es decir, mayor representación del pueblo soberano- , pueden hacerlo con toda legitimidad).

La reforma del PP

El PP ya anunció el año pasado que tenía intención de modificar la ley electoral para las elecciones municipales, instaurando correcciones para evitar que gobierne una lista que no sea la más votada. Para conseguir tal efecto han propuesto varias medidas. Por ejemplo, que en caso de que ningún partido haya obtenido el 40% de los votos, se dirima quién debe gobernar con una segunda vuelta –como en Francia-, o que tenga que gobernar la lista más votada, aunque exista un pacto entre el resto de partidos que, sumando sus concejales, tengan mayoría, o dando una prima de concejales al partido que más votos obtenga. Todas estas medidas van en una clara dirección: los sistemas mayoritarios. Esto es de especial relevancia puesto que Rafael Hernando, portavoz en el Parlamento del PP, de un modo totalmente orwelliano, dice que dichas propuestas son para acercar la democracia al pueblo, para que el ciudadano tenga mayor poder de decisión.

El sistema actual en España es el parlamentario. Así lo estipula la constitución y, por tanto, quien se encarga de elegir la presidencia del Gobierno o la alcaldía de los Ayuntamientos son los diputados y concejales. El parlamentarismo consensual, además, es más justo en términos de representatividad, y los gobiernos formados por coaliciones –si bien no está la costumbre asentada en el país- representan mejor a los ciudadanos, haciendo que su acción de gobierno sea –hablamos en teoría- más justa y en nombre de más ciudadanos que si el gobierno es monocolor y elegido por un 30% de la población.

La lista unitaria

Al ser el sistema parlamentario, los elegibles por cada partido se presentan en listas que los ciudadanos votan. Que las listas sean cerradas y bloqueadas es una queja habitual entre los sectores de izquierdas que piden una mayor democratización –y razón no les falta- pero esto no quita que el método de elección para los representantes del pueblo sea democrático y legítimo. En España todas las elecciones que hay son para elegir representantes del pueblo, ya sea en Ayuntamientos, Parlamentos Autonómicos o las Cortes Generales, divididas entre el Congreso de los Diputados y el Senado. De este modo, aunque durante la campaña electoral se pida el voto por uno u otro candidato, siempre con nombres propios y retratos, en realidad lo que el ciudadano hace es elegir quién le representará en el parlamento. En España ha habido siempre una tendencia a hacer campañas de carácter presidencialista, algo bastante normal si entendemos que el ciudadano empatizará más con un rostro que con unas siglas.

Como ya dije, en la candidatura unitaria ‘Junts pel sí’, el cabeza de lista es Raül Romeva, seguido de Carme Forcadell, Muriel Casals, y ya en cuarto y quinto lugar, Artur Mas y Oriol Junqueras. Es previsible que, en caso de obtener escaños suficientes para formar gobierno, este sea presidido por Artur Mas, cosa que a Joan Herrera, actual líder de Iniciativa per Catalunya, le parece antinatural. Quizás habría que recordarle al líder ecosocialista que el parlamentarismo no estipula que quien deba gobernar sea el cabeza de lista de la lista ganadora, sino aquél que reciba el voto favorable de una mayoría de diputados.

¿Por qué un parlamentarismo consensual?

Ya desde antes de las manifestaciones y acampadas populares del 11-M sectores en la izquierda han reclamado una mayor democracia, habitualmente pidiendo una reforma de la ley electoral para que las listas electorales dejen de ser cerradas y bloqueadas, cambiando la Ley d’Hondt por otro método correctivo de carácter más proporcional, todo ello para que los sistemas de representación del pueblo sean más plurales y acordes con las preferencias de los electores –como anécdota: que Izquierda Unida, con más de un millón y medio de sufragios obtenga ocho diputados, mientras que CiU, con medio millón menos obtenga el doble, es cuanto menos peculiar. Con el tiempo, otras propuestas –que también hacía tiempo que corrían por el panorama político español- han ganado también más visibilidad, como por ejemplo los movimientos asamblearios –los cuales no son de mi especial devoción.

El caso, para terminar esta extensa entrada, es que, cuando se trata de sistemas parlamentarios, los modelos consensuales son superiores a los modelos mayoritarios en cuanto a representatividad, proporcionalidad y democratización. Todo modelo tiene virtudes y defectos, y sin duda uno de los defectos de los modelos consensuales es la falta de rendimiento de cuentas de los diputados, si lo comparamos con los sistemas mayoritarios, y también, quizás, una mayor dificultad para gobernar, aunque esto no termine de estar del todo claro para Lijphart.

Lo deseable en pro de la democracia sería que todo parlamento, ya sea municipal, autonómico o Estatal tuviera una proporcional representación de los escaños respecto a lo que el electorado ha elegido y que, si nadie obtiene mayoría suficiente para gobernar en solitario, se vean obligados a convivir y a formar un gobierno de coalición. Lo importante no debería ser la implementación del programa electoral a toda costa, sino que toda acción de gobierno cuente con el mayor apoyo de la población. Las correcciones mayoritarias que el PP tiene en mente van, precisamente, en contra de esta mayor democratización.