La sutileza del FLA

El viernes pasado, previo a ‘El Clásico’ e inmerso en la alud de noticias sobre la caza al hombre de Salah Abdeslam, nuevas y estremecedoras imagines de los atentados y audios hasta el momento inéditos de los tiroteos, el Consejo de Ministros ha aprobado repartir lo que quedaba del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), con un control específico sobre Cataluña . El último capítulo del proceso independentista hasta la fecha resulta ser un buen tanto que se apunta el Gobierno. El cómo tiene más que ver con el relato creado que con la rigurosidad de los hechos.

La situación en Cataluña es delicada: estamos con un gobierno en funciones a la espera de que se pueda llegar a un acuerdo entre JxSí y las CUP para investir a alguien como presidente, las farmacias deben miles y miles de euros a sus proveedores porqué la Generalitat no paga lo que debe porqué la asignación presupuestaria que se hace desde el Gobierno es cuanto menos tendenciosa, tenemos camas cerradas en hospitales públicos mientras se derivan pacientes a centros privados o concertados, etc. A los catalanes siempre se nos ha acusado de tacaños, y si bien no siempre estoy de acuerdo con dicho tópico, ‘la pela és la pela’ y en Madrid se han dado cuenta.

El relato tramposo

Si se lee la prensa española, sobretodo la radicada en Madrid, o al escuchar al gobierno del Reino de España, cuando hablan de independencia, financiación y otras temas mínimamente relacionados con la cuestión territorial, se da uno cuenta de que en un momento u otro termina afirmándose que España es uno de los Estados más descentralizados del mundo, más incluso que los Estados Unidos en algunos aspectos. Y en parte no les falta razón. El Estado central tiene delegadas una cantidad enorme de competencias a las Autonomías. Pero también es cierto que hacen trampas: la financiación no se controla desde las autonomías, sino desde el Gobierno central. La ecuación es sencilla: competencias – presupuestos = nada.

Desde Cataluña algunos se han ido quejando (me incluyo) de lo injusto que es el actual sistema de financiamiento, sobretodo para los catalanes, por el cual el Estado recauda los impuestos -una parte, cierto es, corresponde a la Autonomía- y luego asigna las pertinentes partidas presupuestarias a las distintas Comunidades Autónomas. Es una suerte de redistribución de la renta, pero con un fuerte componente político que, en estos temas importantes de dinero, sería conveniente minimizar.

Debido a la actual crisis económica, la de la deuda, que parece alargarse más de lo que le tocaba, la Generalitat no ha podido financiarse en los mercados internacionales: las agencias de ‘rating’ califican la deuda catalana como bono basura- teniendo que recurrir al Estado central cuando las arcas han quedado vacías. Uno de los mecanismos que se han creado para poder pagar a proveedores de las administraciones autonómicas es el FLA, por el cual el Gobierno central ofrece un crédito a las administraciones para poder pagar los servicios pertinentes, que después debe devolverse.

Justo en uno de los momentos más delicados del proceso independentista catalán, y a tiempo para hacer campaña de cara al 20-D, el Gobierno presidido por Rajoy decide asestar un golpe al independentismo, condicionando la cesión de este crédito a que no se destine ni un sólo euro al independentismo y a que se deban presentar todas las facturas de aquellos servicios que van a ser pagados con estos más de tres mil millones de euros. ¿Alguna de las cosas a pagar tiene relación con el independentismo? No, pero al gobierno del PP le da igual y a los medios de comunicación españoles también, pues ambos comparten el relato de que España es de los Estados más descentralizados del mundo. Los millones de euros prestados irán a pagar una serie de carreteras y cárceles construidas en colaboración con el sector privado, que en el momento de hacerse no debían computarse como déficit, pero que ahora, desde Europa, sí, datando alguna de las obras de hace unos diez años.

¿Qué significa el condicionamiento del préstamo del FLA?

Llevabámos meses en los que se preguntaba al Gobierno, constantemente, si aplicarían o no el artículo 155 de la constitución o si, de hacerlo, cómo lo harían. Desde los ámbitos independentistas se tenía la certeza de que dicha intevención de la autonomía, por la qual el Gobierno central podría dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma, seria una acto de tal magnitud i falta de democracia, que desde instituciones europeas y desde otros países se exigiría al Estado español solucionar la cuestión territorial mediante un referéndum serio, algo que supondría una victoria para el independentismo.

Las condiciones especiales que exigen a la Generalitat significan, de facto, la intervención de la Autonomía, con un claro efecto de cara a las elecciones del 20D -el Gobierno hará todo lo posible para impedir que España se desmembre- pero con suficiente falta de intensidad como para que no cause revuelo en el exterior.